Masacre de Fátima

Grupos de Tareas del Ejército y la Policía Federal explotaban hace 45 años los cuerpos de 30 militantes políticos a la vera de un camino rural en el partido bonaerense de Pilar, en uno de los crímenes más siniestros cometidos por la última dictadura cívico militar y que se conoció como la "Masacre de Fátima".

En la madrugada del 20 de agosto de 1976 una explosión despertó a la localidad de Fátima y se convirtió en una de las más siniestras escenas que dejó el terrorismo de Estado instalado entre ese año y 1983.

Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad.

Allí funcionaba un centro clandestino de detención donde los funcionarios públicos torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros -algunos de ellos ya asesinados- y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, fue Fátima.

Lo tenebroso del aparato del Estado es que la SSF antes era Coordinación Federal (“Coordina” en la jerga) y había atravesado por la dictadura de Juan Carlos Onganía hasta la de Videla. En el medio, salvo el breve período en que Esteban Righi estuvo al frente del Ministerio del Interior, entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973, “Coordina” era un centro de tortura y muerte.

Los nombres de las víctimas son: Inés Nocetti, Roberto Héctor Olivestre, Ramón Lorenzo Velez, Enrique Jorge Aggio, Ángel Osvaldo Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Evaristo Comas, Oscar Eladio Ledesma Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera, José Daniel Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana E. Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, José Jacinto Pasquarosa, Ernesto María Saravia Acuña, Norma Susana Frontini, Selma Julia Ocampo, Horacio O. García Gastelú y Marta Alicia Spagnoli de Vera.

Ledesma Medina, un trabajador de 20 años de nacionalidad paraguaya, fue hasta el momento la última víctima en ser identificada por el EAAF en mayo de 2019, y aún quedan cinco cuerpos sepultados como NN.

Tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem, se abrió el camino para que la Justicia investigara la "Masacre de Fátima".

El juicio

En julio de 2008, tras el juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las 30 víctimas. Lapuyule era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF.

A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.

En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.

#CUIDEMONOSENTRETODOS

Si tuviste Coronavirus #DONÁPLASMA 0800-222-0101

Seguinos en IG: @Meridiano63