¿Qué pasa en Colombia?

La comunidad internacional ha seguido de cerca la grave crisis que hay en Colombia, donde se ha generado una ola de protestas contra el gobierno de Iván Duque, quien impulsó una impopular reforma tributaria que contemplaba alzas a la clase media del país.

El proyecto que lleva el nombre de "Ley de Solidaridad Sostenible", busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares).

Controvertido, incluso desde antes de ser presentado, el proyecto plantea una serie de reformas al estatuto tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir, que reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos ante las autoridades.

El punto más polémico de la iniciativa propone que, a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares ) deben declarar impuesto de renta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es lo equivalente a 248 dólares.

Para 2023 se prevé extender la base a aquellos que reciben una cifra superior a 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).

La ley propuesta contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas, para usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala.

Otras de las medidas previstas buscan combatir el cambio climático: eleva las sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles y crea un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.

La medida fue retirada esta semana por el propio presidente, pero las manifestaciones continuaron y ahora organismos internacionales acusan a las autoridades de uso excesivo de la fuerza, especialmente tras la muerte de 19 personas.

Hay decenas de denuncias contra los agentes, quienes hoy están acusados de abuso de autoridad contra los manifestantes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han llamado a la calma y se han sumado a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, hechos que la Policía Nacional se comprometió a investigar.

Las protestas que fueron en un principio contra esa medida, ahora son para evidenciar la pobreza y los abusos de poder que existen en el país sudamericano. Las autoridades decidieron militarizar Cali, pero las manifestaciones han continuado, especialmente tras el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en zonas como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. La preocupación internacional "Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida", declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En Colombia se habla de al menos 19 fallecidos, pero tanto opositores como organismo internacionales no descartan que puedan ser más, especialmente personas heridas o amenazadas. "Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali", dijo Hurtado. La portavoz agregó que los "defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados". Según el Defensor del Pueblo de Colombia (Ombudsman), Carlos Camargo, en la noche del lunes un funcionario de la entidad, junto a uno de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali. La Unión Europea también pidió a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura, instó a la calma y condenó la violencia. El año pasado murieron 13 personas durante las protestas desencadenadas por la muerte de un hombre bajo custodia policial. Pese a las denuncias, la Policía Nacional insiste en que es respetuosa de los derechos humanos y de los protocolos internacionales para controlar las protestas.

En medio de las manifestaciones, la policía salió a reprimir a los ciudadanos: lo que ha generado 21 muertos, cientos de heridos y más de 900 denuncias de abuso policial. Los ciudadanos viralizaron los videos en los que se ve claramente el abuso de la policía.

Mientras esto sucede, el presidente guarda silencio y en las calles siguen muriendo ciudadanos que salen de sus casas a pedir un país más justo e igualitario.

Esperemos pronto Colombia retome la calma y no sigan muriendo inocentes reclamando sus derechos.

Ante el inminente rebrote del COVID-19 no podemos bajar la guardia.

#CUIDEMONOSENTRETODOS

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