11 años de Ni Una Menos

El 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país. La irrupción masiva de la consigna Ni Una Menos expresó un profundo rechazo social frente a los femicidios y a las múltiples formas de violencia que atraviesan la vida de mujeres y disidencias sexo-genéricas. Once años después, aquel grito colectivo continúa interpelándonos y convocándonos a sostener una agenda de derechos que sigue siendo imprescindible para la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

A lo largo de estos años, las luchas de los movimientos feministas, transfeministas y de derechos humanos lograron visibilizar desigualdades históricas, ampliar consensos democráticos e impulsar transformaciones institucionales, normativas y culturales de enorme relevancia. Sin embargo, las violencias por razones de género continúan constituyendo una problemática estructural que vulnera derechos, limita proyectos de vida y profundiza desigualdades preexistentes.

Las cifras continúan siendo alarmantes. Según el informe especial elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” , entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. Del total, 3144 corresponden a femicidios directos y vinculados, 46 a transfemicidios y travesticidios y 15 a instigaciones al suicidio. El relevamiento indica que durante estos once años se produjo una víctima letal de violencia de género cada 30 horas y un femicidio cada 31 horas.

Asimismo, el informe señala que el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, mientras que el 63% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor. También advierte que al menos 2714 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

Los femicidios, travesticidios y transfemicidios no constituyen hechos aislados ni excepcionales. Son la expresión más extrema de relaciones estructurales de desigualdad y violencia que se reproducen en distintos ámbitos de la vida social. Las violencias por razones de género también se manifiestan de formas económicas, simbólicas, institucionales, laborales, digitales y político-públicas que afectan cotidianamente la vida de mujeres y disidencias.

En el escenario actual, caracterizado por el desmantelamiento de políticas públicas, el deterioro de las condiciones socioeconómicas, la precarización de la vida y el incremento de las desigualdades, resulta imprescindible advertir sobre el impacto diferencial que tienen el endeudamiento de los hogares, la feminización de la pobreza y las sobrecargas de las tareas de cuidado sobre las posibilidades concretas de construir autonomía y desarrollar estrategias de salida frente a situaciones de violencia.

Las violencias económicas constituyen hoy una dimensión central para comprender los obstáculos que enfrentan muchas personas para interrumpir vínculos violentos y sostener trayectorias educativas, laborales y comunitarias. Del mismo modo, las mujeres trabajadoras, las personas que integran la economía popular y solidaria y quienes atraviesan situaciones de informalidad laboral, suelen enfrentar condiciones de mayor vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia y discriminación.

A ello se suma un contexto preocupante de expansión de discursos misóginos, expresiones de odio y posicionamientos negacionistas que cuestionan consensos democráticos construidos durante décadas en materia de derechos humanos e igualdad. La circulación creciente de estas narrativas no sólo afecta la calidad del debate público, sino que también contribuye a deslegitimar políticas de protección de derechos, habilitando formas de violencia simbólica y político-pública que impactan especialmente sobre mujeres y disidencias con participación social, sindical, comunitaria, académica e institucional.

Estos procesos requieren ser atendidos con especial responsabilidad por parte de los sistemas educativo y de salud, particularmente en relación con las niñeces y juventudes. La construcción de entornos democráticos, libres de discriminación y promotores de derechos constituye una condición fundamental para el desarrollo de proyectos de vida dignos y para el fortalecimiento de la convivencia social.

Asimismo, resulta indispensable profundizar abordajes que permitan comprender las violencias desde una perspectiva interseccional. Las desigualdades de género se articulan con otras formas de vulneración vinculadas a la edad, la discapacidad, la condición socioeconómica, la racialización, la identidad de género, la orientación sexual y otras dimensiones que configuran experiencias diferenciadas de exclusión y violencia. En este sentido, la construcción de políticas públicas eficaces requiere maximizar los apoyos institucionales disponibles para personas mayores, personas con discapacidad, niñeces, juventudes y otros colectivos históricamente vulnerabilizados.

Frente a este escenario, las universidades públicas poseen una responsabilidad estratégica. Como instituciones comprometidas con la producción de conocimiento, la formación profesional, la investigación científica y la construcción de ciudadanía democrática, tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir a la comprensión crítica de estas problemáticas, a la generación de evidencia para el diseño de políticas públicas y a la promoción de comunidades libres de discriminación y violencias.

La defensa de las políticas de género en las universidades públicas no responde únicamente a una obligación normativa. Constituye una definición ético-política vinculada al derecho a la educación, al bienestar integral de las comunidades

universitarias y a la responsabilidad institucional de construir entornos democráticos, inclusivos y libres de violencias.

"El silencio no es una opción. Hablar salva vidas."